La funcionaria fue enfática en señalar que las alertas hechas por el órgano de control cuatro meses atrás con respecto a esta situación no han sido acatadas y tampoco se observan “avances en las acciones, planes y programas que se deben brindar para esta población en el marco de la política integral migratoria”.
En rueda de prensa, Cabello Blanco también reiteró sus críticas a la Cancillería de la que dijo que no ha logrado ningún avance para mitigar la difícil situación por la que atraviesa esta población y que ni siquiera ha cumplido con la puesta en funcionamiento de un centro de atención al migrante en Necoclí.
En la andanada de cuestionamientos, la Procuradora recalcó que trascurridos 7 meses del nuevo Gobierno, el desamparo de los migrantes sigue a su suerte pues ni siquiera se ha instalado una oficina de Migración Colombia “y la presencia institucional del ICBF, de la Policía Nacional, entre otras entidades necesarias para ordenar y hacer segura esta migración, sigue sin fortalecerse”.
La jefa del ente de control también anunció la apertura de investigación contra algunos servidores públicos que internvienron en un proceso de desalojo y traslado al municipio de Acandí (Antioquia) de por lo menos 200 personas, incluidos menores, y en el que no se tomaron las normativas del caso.
Por último, la Procuradora volvió a prender las alertas en torno al fenómeno de la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes que se sigue presentando en esta zona del noroccidente del país “sin que las autoridades nacionales y territoriales adopten acciones para su prevención y para su judicialización, atentando contra el Principio de Progresividad, ya que es obligación del Estado garantizar la continuidad en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos”.
