La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, puso en marcha dos nuevas estrategias en 2022 para fortalecer la respuesta institucional a tres fenómenos ilícitos: la trata de personas, el tráfico de migrantes y las amenazas a líderes sociales.
Inicialmente, entró en funcionamiento el grupo de trabajo para investigar los casos de trata de personas y tráfico de migrantes que, en apenas ocho meses, logró la captura de 21 personas, realizó 28 imputaciones y radicó 22 escritos de acusación. Asimismo, facilitó la repatriación de 92 víctimas (86 de República Dominicana, y 6 de Perú y Chile).
Entre los hechos más destacados están la captura y judicialización de alias La Mona y alias Walter, los señalados principales dinamizadores de una estructura que trasladó irregularmente desde la frontera con Ecuador hasta Urabá a ciudadanos de Haití, Cuba, China, Somalia, Nigeria, Angola, Pakistán, India y Bangladesh para embarcarlos en lanchas con destino a Centroamérica o cruzar el denominado ‘Tapón del Darién’ hacia Panamá.
Amenazas a líderes sociales
En 2022, se consolidó el equipo especializado para investigar y resolver los casos de amenazas a líderes sociales, el cual hizo 38 imputaciones, 25 más que 2021; presentó 8 escritos de acusación y obtuvo 7 condenas.
Sobresale la condena de nueve años de prisión contra Jesús Mario Corrales, representante de una asociación de víctimas e integrante de la Mesa Departamental de Víctimas de Valle del Cauca, que diseñó y difundió dos panfletos con amenazas de muerte contra 36 personalidades del país y defensores de derechos humanos, entre ellos, él mismo.
Defensa de los recursos naturales
En delitos ambientales, 267 personas fueron capturadas y judicializadas (108 por extracción ilícita de minerales, 75 por conductas asociadas a deforestación y 84 por otras afectaciones a los recursos ambientales, a la flora y la fauna). De igual manera, se presentaron 145 escritos de acusación y obtuvieron 33 condenas.
La articulación de capacidades con la fuerza pública permitió realizar 90 procedimientos focalizados, en los que se intervinieron 40 unidades de maquinaria amarilla y se realizaron incautaciones por casi 32.000 millones de pesos.
Propiedad intelectual
Finalmente, el Eje de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos logró la captura de 57 personas, radicó 28 escritos de acusación y obtuvo 17 condenas por falsificación o alteración de medicamentos, licores y artículos de aseo, entre otros.
De igual manera, con apoyo del CTI, fueron incautadas 160 toneladas de productos adulterados, 60 toneladas más que 2021.
