La junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, que preside el alcalde Daniel Quintero Calle, le solicitó a Millicom que le informe de manera inmediata a las superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades y Financiera, y al Ministerio de las TIC, sobre su situación financiera, el vencimiento que tiene con el pago a los proveedores y si cuenta o no con la capacidad para cumplir con los compromisos pactados para junio.
Millicom, que administra una empresa pública como UNE, ha solicitado una capitalización por $750.000 millones, situación que llevaría a que EPM tome recursos públicos para entregarlos a Tigo-Une.
“Para el 31 de diciembre, Tigo-UNE tenía un patrimonio de solo $500.000 millones, había perdido $500.000 millones el año pasado, y lo mismo había ocurrido en años anteriores. Este año, a la velocidad que van las pérdidas y con los compromisos que debe cumplir en junio, la obligación de la junta directiva de EPM es pedirle que esa información sea entregada de forma inmediata a las superintendencias, para que no se ponga en riesgo la prestación del servicio de millones de colombianos y los recursos públicos que EPM tiene invertidos allí”, dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.
El mandatario distrital señaló que, adicional a la capitalización por $750.000 millones, Millicom también pide autorización para un crédito por $860.000 millones para pagar todas las deudas que tienen vencidas con los proveedores.
A esto se suma la autorización que hicieron para la venta de la infraestructura de fibra óptica que es de UNE para la prestación de los servicios de internet, telecomunicaciones y televisión por cable.
“El lunes hemos sido citados de forma extraordinaria y urgente a una junta directiva de EPM en la que se debe tomar la decisión sobre si se usan recursos públicos para meter en UNE, pero, después de estudiar la situación, anticipo que no será así. Millicom tiene que resolver el problema y los responsables de que no hayamos podido recuperar la plata, aplicando la cláusula de protección del patrimonio público, deben responder ante los órganos de control”, advirtió el alcalde Quintero Calle.
La situación financiera de UNE es tal que no están pagando los servicios públicos que le presta EPM. En enero tenían facturas no pagadas por $300.000 millones y en marzo ya iban en $600.000 millones.
El mandatario distrital indicó que, desde el primer día de gobierno, su administración advirtió de los riesgos que tenía la situación de Tigo-UNE para la ciudad.
“En 2021 estábamos apretados, en 2022, corriendo y en 2023 ya no hay nada que hacer. Si hubiera algo para hacer, yo volvía a presentar el proyecto al Concejo Distrital, pero ya no hay nada que hacer, porque los tiempos, que además han sido explicados hasta la saciedad, en el concejo, sobre cuándo se volvía inútil intentar cualquier cosa con la cláusula, ya no dan. La cláusula no era para cerrar el proceso, era para iniciarlo”, afirmó el alcalde Daniel Quintero Calle.
La negativa del concejo le hizo perder a EPM un billón de pesos y a la ciudad la afectó mucho, porque ese dinero no era para el alcalde, era para el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor, para el sector cultural y para los programas sociales. Era la plata de la ciudad.
Durante más de 50 debates que se dieron en el concejo, para que la corporación le permitiera a la Administración Distrital aplicar la cláusula de protección del patrimonio público, se explicó que solo la publicación para que el sector solidario pudiera acceder a la posibilidad de compra de acciones, toma seis meses, por ley; pero, además, hay que hacer valoraciones previas y, si no se llega a un acuerdo, hay que hacer valoraciones posteriores también, lo que significa que el tiempo ya no alcanza.
