Judicial

Procuraduría evita que más de 676 candidatos sancionados participaran en las próximas elecciones

La Procuradora calificó de increíble que algunos sectores traten de igualar a servidores públicos indisciplinados con los disciplinados y aseguró que, con la sentencia, C- 030 de 2023, el proceso disciplinario colombiano se convierte en uno de los más garantistas.

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, exaltó la labor de la Corte Constitucional al haber respaldado en su sentencia, C- 030 de 2023, la función disciplinaria en cabeza de la entidad que preside y aseguró que con ella se restauró la institucionalidad en un momento crucial para el país, como es la contienda electoral. 

Durante su intervención en la clausura del Congreso Colombiano de Derecho Procesal en Cartagena, la jefe del Ministerio Público aseguró que esta decisión evitó que se ocasionara un caos de inimaginables proporciones, porque a dos meses de la contienda electoral, se detectaron 676 candidatos inscritos a pesar de estar sancionados, muchos de ellos por la Procuraduría. 

Si no se profiere la sentencia de la Corte Constitucional, esos candidatos, de forma irregular y con desconocimiento de los derechos de los demás candidatos, habrían encontrado una fórmula de participar en los comicios

Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco

La Procuradora calificó de increíble que en el país haya sectores que igualen a los servidores públicos indisciplinados con los disciplinados y que la interpretación literal de una cláusula convencional del año de 1969, sirva como patente de corso para que reine la impunidad.

También explicó que la Corte Constitucional fue mucho más allá de lo esperado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reforzando la garantía para que las sanciones de destitución, inhabilidad general y especial y las de suspensión contra los servidores públicos de elección popular proferidas por la Procuraduría, queden sujetas a la revisión definitiva por parte del juez contencioso y calificó el proceso disciplinario colombiano como uno de los más garantistas y acorde con los más altos estándares de calidad y justicia. 

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