Este grupo armado ilegal ha establecido un circuito económico de tráfico ilegal de estupefacientes, armas, contrabando de licores, cigarrillos, madera y medicamentos, además de otras rentas ilegales como la extorsión y el gota a gota.
El Carmen de Bolívar (Bolívar), “Nos preocupa la situación de riesgo para la población que habita 16 municipios de la subregión de Los Montes de María por cuenta de la expansión territorial y consolidación de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, las cuales incluso resuelven conflictos de la comunidad, imponen sanciones o financian proyectos, usurpando funciones del Estado”, dijo este martes el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Desde El Carmen de Bolívar, el Defensor del Pueblo hizo referencia a la Alerta Temprana Estructural 033 de 2022 para la subregión de Los Montes de María. Allí se advierte el peligro que corren los habitantes en los municipios de El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Jacinto, Zambrano, San Juan Nepomuceno, Córdoba y El Guamo, en Bolívar. Así mismo, en San Onofre, Morroa, Ovejas, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Toluviejo, Chalán, Colosó y Sincelejo, en Sucre.
“Emitimos esta alerta debido a la reciente información recogida por la Defensoría Delegada para Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en la que se indica el aumento de amenazas contra la vida e integridad física a través de panfletos, llamadas telefónicas y mensajes de texto; desplazamiento forzado, violencia sexual, intervención en espacios comunales y convocatoria a reuniones a las Juntas de Acción Comunal (JAC) para validar su presencia e imponer normas, reclutamiento de jóvenes, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes y constreñimiento a la población rural”, explicó el Defensor del Pueblo.
Este territorio tiene gran importancia para los grupos armados debido a que es geoestratégico para el desarrollo de economías ilegales, el abastecimiento y el ocultamiento de sus miembros debido a que su topografía se caracteriza por unas zonas montañosas con salida al mar, y por la fácil conexión con ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo a través de vías como la Troncal de Occidente, la Troncal del Caribe y la Transversal de Contenedores.
Los Montes de María también conforman una especie de bisagra entre la dinámica ilegal del Sur de Bolívar y Sur de Córdoba con las zonas costeras y puertos marítimos que conectan con los mercados ilegales internacionales.
“Hemos encontrado que las AGC buscan imponer su dominio sobre los liderazgos sociales, comunitarios, comunales, juveniles y personas defensoras de derechos humanos. Para ello, acuden a las amenazas directas e indirectas, provocan desplazamientos o atentan contra su vida o bienes. En algunos municipios acuden a bandas delincuenciales locales para que ejecuten las acciones, lo que dificulta a las autoridades establecer un vínculo directo con esa estructura delincuencial”, explicó Carlos Camargo.
Vale destacar que durante los primeros 9 meses de este año se reportaron 134 homicidios en Los Montes de María. Y son preocupantes también la violencia y amenazas contra mujeres y lideresas sociales; así como la condición especial de riesgo que corren los indígenas del pueblo Zenú en 50 cabildos indígenas y 40 consejos comunitarios.
“Enviamos 27 recomendaciones a distintas autoridades civiles y a la fuerza pública, para que se proteja a los habitantes de esta importante región del país. Solicitamos que haya coordinación entre las entidades para una respuesta rápida; que la fuerza pública realice una labor de disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza con enfoque de seguridad integral y protección de las comunidades; así como un trabajo de prevención y protección, de fortalecimiento institucional y comunitario, y mayor presencia estatal a través de proyectos de desarrollo social”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Finalmente, Carlos Camargo recordó que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo son herramientas de carácter eminentemente preventivo y que justamente allí radica su valor, para que las diferentes entidades del Estado adopten las medidas necesarias para evitar las vulneraciones a los derechos de las comunidades.
